La avanzada de la Fuerza Pública completa dos días en un punto estratégico del corazón del Cañón de Micay. Estas son las claves para entender por qué este corregimiento de Cauca se convirtió en el punto de honor entre el Ejército y la disidencia conocida como Estado Mayor Central.
Casi desde el inicio del Gobierno de Gustavo Petro ha permanecido la orden de “retomar” el control total del cañón del Micay en el Cauca. El mandato solo se ha congelado por momentos cuando la disidencia de Iván Mordisco, conocida como Estado Mayor Central (EMC) aún permanecía en la mesa de diálogos.
Pero desde marzo cuando decidieron abandonar el proceso, las Fuerzas Militares retomaron la avanzada militar que este fin de semana tuvo su punto más álgido con la operación Perseo en la que participaron más de 1.400 soldados que ingresaron a El Plateado, un corregimiento que, por su ubicación, se convirtió en el bastión de las disidencias del EMC.
La incursión que empezó en la madrugada del domingo e incluyó la autorización expresa del presidente para realizar bombardeos contra esa estructura -algo inédito dado que su administración solo ha hecho uno en los dos años de mandato- dejó hasta ahora la captura de dos supuestos integrantes del EMC -ninguno de los siete cabecillas por los que iba el Ejército-. Además, 17 heridos con explosivos y drones, 14 civiles y tres uniformados, así como la incautación de artefactos explosivos.
“El ingreso del Ejército genera cierta intranquilidad para la población, pero está esperanzada”, indicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Junto con él, una delegación de la cúpula de Gobierno viajó a El Plateado —altamente custodiados y usando chalecos antibalas— donde estuvieron reunidos con varios habitantes dando a conocer parte de la oferta institucional del Gobierno. La comitiva estuvo integrada por seis ministros (el de Defensa; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; de Agricultura, Martha Carvajalino; de Salud, Guillermo Jaramillo; de Minas, Andrés Camacho; de las TIC, Mauricio Lizcano; de Educación, Yesenia Olaya). Además, la directora del Dapre, Laura Sarabia, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar.
