El Gobierno del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro después de lo que un alto funcionario llamó una “toma de posesión presidencial fraudulenta”, que permitió al hombre fuerte de Venezuela jurar para un tercer mandato el viernes.
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Las recompensas para Maduro y para Cabello, que ahora ascienden a US$ 25 millones para cada uno, son la cantidad máxima permitida por el programa de recompensas por narcotráfico del Departamento de Estado, dijo el funcionario.
Además el Gobierno definió nuevas restricciones de visado para funcionarios alineados con Maduro que, según la administración, son responsables de socavar el proceso electoral de Venezuela, y sanciones individuales a ocho funcionarios alineados con Maduro que supervisan organismos económicos y de seguridad en Venezuela, incluido el presidente de la petrolera estatal venezolana y el ministro de Transporte de Maduro.
Maduro fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales en julio por las autoridades electorales bajo el férreo control del gobernante Partido Socialista Unido.
Pero la oposición venezolana, liderada por Machado, publicó miles de recuentos de votos afirmando que su propio candidato, Edmundo González, había ganado en realidad la votación con un 67% del apoyo frente al 30% de Maduro. Desde entonces, observadores independientes como el Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia, así como el propio análisis de CNN, han considerado legítimos los conteos de la oposición.
El viernes, el funcionario del gobierno dijo que ha estado “observando muy de cerca” el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, incluyendo los informes de que la líder opositora venezolana María Corina Machado fue brevemente detenida y posteriormente liberada en Caracas, donde se había unido a la protesta contra la toma de posesión de Nicolás Maduro, según informó CNN.
En una llamada previa al anuncio, el funcionario dijo a los periodistas que Maduro “se encuentra mayoritariamente solo en esta coyuntura, con pocos amigos en la región y en el mundo”, y señaló los llamamientos de países de toda la región y de todo el mundo “desde el 28 de julio para pedir a Maduro que respete las normas democráticas”.
“Hemos dado a Maduro y a sus representantes todas las oportunidades para restaurar la democracia, pero han elegido no hacerlo (…), así que hoy, nos basamos en todas nuestras acciones previas y tomamos algunas decisiones propias”, agregó.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el viernes que extenderá por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que proporciona protección temporal contra la expulsión y autorización de empleo para los ciudadanos venezolanos elegibles.
“Bajo esta extensión del TPS, aproximadamente 600.000 beneficiarios actuales conservarán su TPS durante 18 meses adicionales si se vuelven a registrar y siguen siendo elegibles”, dijo el viernes un segundo funcionario.
Presionado, sin embargo, sobre las medidas que el Gobierno de Trump entrante podría tomar para revertir algunas de esas protecciones, el funcionario se negó a opinar.
“No hemos considerado la posibilidad de suspender el proceso de permisos humanitarios ni de revocar la decisión que hemos tomado hoy, por lo que tendría que preguntarle a la próxima administración si tiene intención de hacerlo y cómo”, dijo. “Creo que seguiríamos señalando la importancia de estos procesos y programas y la firme esperanza de que se mantengan”.
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