El viceprocurador se refirió al no acatamiento de la suspensión del canciller Álvaro Leyva.
El abierto desacato del Canciller y del Presidente de la República de la decisión de la Procuraduría General de la Nación atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley«, aseguró Gómez.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!El viceprocurador añadió que esta posición «sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional«, puntualizó.
Hace unas horas trascendió que el ministro de Relaciones Exteriores continúa ejerciendo sus funciones, pese a la suspensión provisional por tres meses que ordenó la Procuraduría General el pasado 24 de enero.
Leyva fue suspendido por el Ministerio Público por presuntas irregularidades cometidas durante la licitación para la expedición de pasaportes.
“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, afirmó el funcionario.
El viceprocurador dijo que si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.
“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, reiteró Gómez.
